El Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres, rechaza enérgicamente las declaraciones ofrecidas públicamente por la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, el pasado 15 de mayo de 2015, según las cuales “antes, las mujeres tenían que entregar parte de su cuerpo para obtener un cupo en una universidad”.
En efecto, tales afirmaciones están, en primer lugar, total y absolutamente apartadas de la realidad, y además constituyen una ofensa grave, directa e injustificada hacia las miles de mujeres que, como ella misma, han cursado estudios universitarios en Venezuela.
Asimismo, ponen de manifiesto un prejuicio, según el cual las mujeres no tendríamos los requisitos intelectuales suficientes como para ser admitidas -en igualdad de circunstancias a las de los hombres- en la educación superior, sino que debemos hacer uso de nuestro cuerpo para lograrlo. Discriminación rechazada en los Tratados internacionales de Derechos Humanos, especialmente los mandatos contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que consagran y protegen los derechos de las mujeres,
Lo cierto es que la propia realidad venezolana desmiente las desafortunadas expresiones de quien está obligada constitucionalmente a luchar por la erradicación de estereotipos machistas y por el mantenimiento de la dignidad de las mujeres.
Así, el número de estudiantes en la educación superior nacional de sexo femenino ha ido creciendo progresivamente hasta superar, desde hace ya varias décadas, al de estudiantes de sexo masculino. Sería absurdo pensar que los cientos de miles de mujeres que han llenado las aulas de las universidades públicas y privadas nacionales durante el último siglo han tenido que ofrecer favores sexuales a cambio de obtener un cupo, especialmente cuando ha existido un proceso de admisiones en el que la aptitud y la capacidad académica han sido los elementos determinantes, sin distinciones de sexo, raza o condición social; cuando, asimismo, se han previsto mecanismos legales para supervisar la correcta aplicación de dichos parámetros y cuando un número importante del personal administrativo encargado de aplicar dichas normas de admisión ha sido, precisamente, del sexo femenino.
Desmiente de igual forma el contenido de las declaraciones de la máxima representante del Ministerio Público, el hecho de que un porcentaje importantísimo de cátedras universitarias, además de altos cargos académicos y administrativos de las universidades, como decanatos y rectorías, estén en la actualidad -y lo hayan estado anteriormente- en manos de mujeres.
De más está decir que también la participación de las profesionales universitarias graduadas en Venezuela en cargos medios y altos tanto de los distintos poderes públicos como del sector privado, a nivel nacional e internacional, es más que destacada, en todas las áreas del quehacer nacional. Todo ello no habría sido posible si el ingreso de estas mujeres a la universidad no se hubiese hecho en base a criterios en los que privara la formación académica previa y la aptitud intelectual.
Lamentamos profundamente que para justificar una medida que por lo demás está siendo adoptada por el Poder Ejecutivo, se utilicen argumentos que no sólo nada tienen que ver con la realidad sino que ofenden directamente la dignidad y reputación de miles de mujeres venezolanas y ponen en peligro una lucha constante para obtener el trato justo que merecemos.
Nos preocupa sobremanera que unas declaraciones de este tipo, hechas por una funcionaria que ocupa un cargo de rango constitucional, de los que mayor responsabilidad asignada tienen en la defensa de los derechos humanos y que además es mujer, puedan generar en los jóvenes, un prejuicio en contra de las mujeres y que les generen dudas totalmente infundadas acerca de la capacidad de éstas para emprender y completar las mismas metas intelectuales que los hombres.
Por tales motivos exigimos, en defensa de los derechos humanos de las mujeres venezolanas que con esfuerzo y dedicación han logrado acceder a los estudios universitarios a lo largo ya de muchos años, que la ciudadana Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se retracte públicamente de las citadas declaraciones.
En Caracas, a los 19 días del mes de mayo de 2015
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
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