(Ciudad de Panamá) – Venezuela está intimidando y hostigando a defensores y defensoras de derechos humanos y les ha acusado infundadamente de que estarían intentando desestabilizar la democracia en el país, indicaron hoy 28 organizaciones de derechos humanos internacionales y latinoamericanas. Los señalamientos de las autoridades se refieren a las funciones legítimas que ejercen estas organizaciones al documentar abusos y representar a víctimas ante organismos internacionales de derechos humanos.
Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.
La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.
El 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión semanal Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión, que “representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo. Cabello había criticado anteriormente a defensores venezolanos de derechos humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 18 de marzo, durante su programa, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y organizaciones que habían viajado a Washington D.C. para participar en audiencias ante la CIDH. La lista incluía a importantes organizaciones de derechos humanos como Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Cabello acusó a estas organizaciones de recibir instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las audiencias.
Cabello sostiene que la información presentada en el programa había sido aportada por “patriotas cooperantes” anónimos.
Doce defensores y defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el 20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto. También afirmaron haber sido filmados o fotografiados, y/o que las autoridades registraron sus bolsos de manera irregular.
El 23 de marzo, María Alejandra Díaz, una abogada que representó al gobierno en las audiencias de la CIDH, manifestó en Venezolana de Televisión que “el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero “le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.
Un artículo publicado el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de desestabilización” en Venezuela, según el artículo.
Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.
Si bien los derechos a la libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de esos derechos. Toda restricción deberá imponerse por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática y proporcional al objetivo buscado.
En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación instó a los países a garantizar “el disfrute de [estos] derechos de todas las entidades, registradas o no, y todas las personas” y asegurar que nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por ejercer tales derechos.
Las autoridades venezolanas deberían desistir inmediatamente de esta táctica, expresaron las organizaciones. Los gobiernos que participarán en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril de 2015, deberían exigir al gobierno de Nicolás Maduro que asegure que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a sufrir represalias, dijeron las organizaciones.
La persecución del gobierno apunta claramente a desacreditar e intimidar a organizaciones que documentan violaciones de derechos humanos, indicaron las organizaciones.
El 12 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional y miembro del partido gobernante, Diosdado Cabello, indicó en la página web de su programa de televisión semanal Con el Mazo Dando, que se transmite por el canal estatal Venezolana de Televisión, que “representantes de ONG de la extrema derecha venezolana” participarían en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo. Cabello había criticado anteriormente a defensores venezolanos de derechos humanos que intervinieron en el examen del país realizado por el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, o que viajaron al exterior para participar en reuniones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El 18 de marzo, durante su programa, Cabello leyó una lista con los nombres de personas y organizaciones que habían viajado a Washington D.C. para participar en audiencias ante la CIDH. La lista incluía a importantes organizaciones de derechos humanos como Provea, Espacio Público, Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela, Cofavic, Codevida y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Cabello acusó a estas organizaciones de recibir instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en Caracas antes de viajar a las audiencias.
Cabello sostiene que la información presentada en el programa había sido aportada por “patriotas cooperantes” anónimos.
Doce defensores y defensoras de derechos humanos que llegaron a Caracas en varios vuelos entre el 20 y el 22 de marzo afirmaron haber sido seguidos por personas no identificadas desde el momento del aterrizaje y hasta que salieron del aeropuerto. También afirmaron haber sido filmados o fotografiados, y/o que las autoridades registraron sus bolsos de manera irregular.
El 23 de marzo, María Alejandra Díaz, una abogada que representó al gobierno en las audiencias de la CIDH, manifestó en Venezolana de Televisión que “el tema de los derechos humanos no es otra cosa sino una fachada” y que las organizaciones no gubernamentales que participaron en las audiencias “se dicen venezolanas” pero “le han hecho el juego al imperialismo” y “mienten frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para satanizar a Venezuela”.
Un artículo publicado el 3 de abril en el periódico oficial Correo del Orinoco acusó a dos reconocidos defensores de derechos humanos de ser parte de la “delegación venezolana” de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense en la Cumbre de las Américas. Su objetivo sería “legitimar las acciones de desestabilización” en Venezuela, según el artículo.
Conforme al derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen las defensoras y los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.
Si bien los derechos a la libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de esos derechos. Toda restricción deberá imponerse por ley, debe ser necesaria en una sociedad democrática y proporcional al objetivo buscado.
En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación instó a los países a garantizar “el disfrute de [estos] derechos de todas las entidades, registradas o no, y todas las personas” y asegurar que nadie sea objeto de “acoso, persecución, intimidación o represalias” por ejercer tales derechos.
Signatarios
Amnistía Internacional
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Perú)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (México)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (México)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (México)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)
Comisión Internacional de Juristas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)
Corporación Humanas (Chile)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Frontline Defenders / Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los derechos humanos
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal (IDL) (Perú)
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil)
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)
Observatorio Ciudadano (Chile)
Organización Mundial Contra la Tortura
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)
Transparencia Internacional
Amnistía Internacional
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (Perú)
Asociación por los Derechos Civiles (ADC) (Argentina)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C. (México)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) (México)
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) (Colombia)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
CIVICUS
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (México)
Comisión Colombiana de Juristas (Colombia)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) (Ecuador)
Comisión Internacional de Juristas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Perú)
Corporación Humanas (Chile)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Frontline Defenders / Fundación Internacional para la protección de los/las defensores/as de los derechos humanos
Fundación Myrna Mack (Guatemala)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) (Ecuador)
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal (IDL) (Perú)
Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos (Brasil)
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR) (Uruguay)
Observatorio Ciudadano (Chile)
Organización Mundial Contra la Tortura
Robert F. Kennedy Human Rights
Servicio Internacional por los Derechos Humanos (ISHR)
Transparencia Internacional
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